En el ámbito de la Protección a la infancia, la Administración tiene a su cargo decidir a quién se delegan los niños. Si se retiran o no de su familia de origen, si van a una familia de acogida, a qué familia, si retornan o no con sus padres biológicos, son decisiones que se toman a diario desde los diferentes servicios autorizados y que muchas veces ponen de manifiesto una dificultad para orientarse.

En materia de acogimientos familiares las tendencias han sido fluctuantes. Si a finales de los años 90 se pensaban como una segunda oportunidad para los niños desamparados y se apostaba por su continuidad en el tiempo favoreciendo la posibilidad de hacer lazos más sólidos, en el momento actual la balanza parece inclinarse hacia un nuevo reforzamiento de la idea de medida temporal, cuyo objetivo sería favorecer el retorno a la familia biológica.

La cuestión de fondo, paradójicamente, es el valor que se le da a los lazos de sangre en detrimento de otro tipo de orientación. Se podría decir que cuanto menos se sabe cómo orientarse más se toma lo biológico como prioritario, por su apariencia de sentido natural.

Pero cómo orientarse cuando de lo que se trata es de valorar la capacidad de alguien, un adulto, para hacerse cargo de un menor.

Hay que decir que, al menos en Cataluña, los desamparos se producen por negligencias severas, maltrato o abusos sexuales y no por causas menores. Los niños tutelados por la Administración son conocedores –precoces- de que lo que comanda las elecciones de sus progenitores es más el empuje a satisfacer la pulsión, que algún tipo de sentido que se pueda sostener a pesar de lo insoportable que habita los cuerpos.

Su experiencia con padres tan reales -consumidores consumidos; perdidos en sus delirios; excedidos en sus respuestas; que dimiten o que desaparecen- no es sin consecuencias y cuando se confían a una familia de acogida pueden verse los efectos de su increencia en los prestigios del padre. Con su conducta, con sus síntomas y a veces con sus palabras cuestionan o denuncian las incongruencias, los excesos y las faltas de atención.

Los candidatos a padres de acogida tienen que demostrar algunas cosas en el estudio de idoneidad al que se someten: su buena salud, ausencia de antecedentes penales, sus capacidades económicas, educativas y sociales, su disponibilidad, etc. Se trata de los criterios de selección de familias que constan en el Decreto y que poco o nada dicen de lo fundamental que cabría esperar.

Las palabras que me confió una niña de 8 años, acogida por una familia, refiriéndose a su acogedor: “él no tiene derecho a dejarse ir contra mí”, resultan especialmente convincentes como brújula orientativa, más allá de los ideales sobre el buen padre. Una niña que fue tutelada a causa de los malos tratos que recibía de su padre “verdadero”, como ella misma le nombra y que ahora aboga por un padre, que aunque sea el “falso”, sea capaz de soportar su propio cuerpo, su propia pulsión.

La Administración encontrará su orientación si no se enreda en los espejismos del valor de los lazos de sangre y se ocupa decididamente de ofrecer a los niños la posibilidad de convivir con adultos más capaces de sostenerlos porque son más capaces de sostenerse a sí mismos.

Pepa Freiría.

 

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